En agosto, Francisco Arellano, quien cumplía el rol de coordinador político del plan, asumió funciones en reemplazo de Víctor Ramos y la semana pasada realizó un amplio despliegue en La Araucanía.
El Plan Buen Vivir es la iniciativa del Presidente Gabriel Boric que busca reorientar la acción y respuesta del Estado hacia un enfoque intercultural, con el objetivo de revertir el rezago que existe en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con especial énfasis en zonas rurales y comunidades mapuche. Si bien es una meta difícil, el Encargado Nacional del plan, Francisco Arellano, cree que “este problema histórico se debe abordar entendiendo que una solución real no es rápida y se necesita una intervención en la estructura de cómo llega la institucionalidad a estas zonas. En primer lugar, a través de inversiones significativas en infraestructura, agua potable o caminos, así como en la restauración de sitios de alto valor cultural. Esto contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades y promover el desarrollo en estas zonas”. Un ejemplo reciente son los $2.100 millones de pesos que invertirán la Dirección de Obras Hidráulicas y el Plan Buen Vivir, en la Reposición y Ampliación del servicio de Agua Potable Rural Imperialito y Lolocura, de la comuna de Nueva Imperial y que limita con Carahue, beneficiando a más de 1.200 habitantes del sector rural, que se acaba de anunciar el jueves 9 de noviembre y que esperó mucho tiempo el financiamiento para concretarse.
El miércoles de la semana pasada la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, participó en la entrega de 952 títulos de dominio en La Araucanía. Los beneficiados son de las 32 comunas de la región, donde un 52% son mujeres y un 48% pertenece indígena. En
segundo lugar, el plan trabaja con el foco en la recomposición del diálogo con las comunidades mapuche y otros actores involucrados en el conflicto. “Creemos que el diálogo es esencial para construir un nuevo pacto social que permita una salida institucional a los problemas que viven las personas en regiones como La Araucanía. Nuestro trabajo es acercar al Estado, acercar a los ministerios con Conadi, con Bienes Nacionales, con la delegación, y que nos permita llegar a los territorios, a las familias y a las comunidades, avanzando en conjunto por una mejor calidad de vida para todos y todas, lo cual, es parte de la estrategia de Gobierno”. Aseguró Arellano.
Asimismo, el día viernes en una ceremonia celebrada en Traiguén, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el Director Nacional de CONADI, Luis Penchuleo, firmaron un convenio de transferencia y colaboración entre la Comisión Nacional de Riego (CNR) y Conadi. Este acuerdo, que cuenta con un presupuesto de $8 mil millones, tiene como objetivo apoyar proyectos de riego y soluciones hídricas, especialmente para comunidades indígenas en cumplimiento de la Ley 19.253. “En este caso, realizamos un trabajo junto a la
Delegación Presidencial para priorizar este tipo de inversiones en el territorio, que favorece las herramientas dirigidas a apoyar a la agricultura familiar campesina e indígena, y con ello fortalecer la economía local en la región”, explicó Francisco Arellano en la ceremonia.
UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA LA ZONA
El Plan Buen Vivir ha trabajado por establecer una nueva política de Estado que termine con las iniciativas de corto plazo. Para lograrlo, se ha creado el Consejo Interministerial para la Coordinación del Plan Buen Vivir, establecido a través del Decreto 16 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, tomado de razón por Contraloría el pasado mes de septiembre.
Este consejo está compuesto por varios ministerios, incluyendo Interior y Seguridad Pública, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social y Familia, Obras Públicas, Mujer y Equidad de Género, y Bienes Nacionales. Su enfoque estará en abordar el rezago y el conflicto en aquellas problemáticas más estructurales en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, las que incluyen la implementación de un plan de
habitabilidad (vivienda, caminos, servicios básicos) para las tierras compradas por CONADI, un plan de gobernanza entre Estado y comunidades indígenas de parques y áreas protegidas, una nueva política para la ruralidad, con miras a un desarrollo con enfoque sostenible y prevención de conflictos, y un abordaje integral a las víctimas del conflicto intercultural en la zona.
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