✓ Los próximos pasos serán garantizar representación política, efectuar la Reforma Constitucional y garantizar la participación y gestión en los beneficios de los recursos que están en sus territorios como el agua y la biodiversidad amenazada por prácticas agroindustriales no sustentables.
“Valoramos el envío del proyecto de ley que crea el Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas por parte del Gobierno de la Presidenta Bachelet, porque de este modo nos estamos haciendo cargo del problema político que el Estado de Chile tiene al no reconocer su carácter plurinacional y pluricultural”, declaró el senador de La Araucanía, Eugenio Tuma, tras la ceremonia realizada esta mañana en La Moneda.
El legislador PPD dijo que es preciso que esta institucionalidad tenga la mayor legitimidad en los pueblos y por eso es clave que el sistema de consulta, esté radicado en un sólo organismo , y abarque todos los procedimientos que deben efectuar las instituciones del Estado en el marco del convenio 169.
“Esta agencia debe concentrar todos los procedimientos que hasta ahora se realizan de manera dispersa y con resultados muy variados”, precisó senador Tuma.
En cuanto a la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, Tuma aseguró que será un gran paso institucional, “que deberá colaborar en la definición y aplicación del sistema de consulta a través de representantes de los propios pueblos, según lo que establece el convenio 169, y así contribuir a dotarlos de derechos políticos”, acuñó.
Además, deben incorporarse al proceso de consulta los proyectos de inversión, que en la actualidad se someten al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA). “No modificar esta situación restaría legitimidad a un proceso de fortalecimiento institucional de la participación de los pueblos indígenas para la definición y autodeterminación sobre los asuntos que les competen y afectan”, especificó el congresista de La Araucanía.
Tuma precisó también que el futuro ministerio será el que debe mejorar la equidad, legitimidad y eficacia de las políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas, teniendo como norte los derechos consagrados en el Convenio 169 y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU”.
Finalmente, el congresista PPD insistió que otro paso necesario es convertir a CONADI en una fortalecida agencia estatal de desarrollo indígena, técnicamente robusta, con legitimidad y confianza de los pueblos y comunidades indígenas, adecuando la ley indígena, la cual debe actualizarse para ello, además de su adaptación al Convenio 169 y la Declaración de la ONU.
“Es urgente un pacto político entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, por lo tanto implementar la nueva institucionalidad es un primer paso, que permitiría mejorar la interlocución con las comunidades”, precisó el senador de La Araucanía, Eugenio Tuma, quien expresó que esta temática debería ser uno de los grandes anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet durante su cuenta pública de este 21 de mayo.
A juicio de Tuma, este paso permitiría avanzar hacia otros temas, como reformas institucionales que incorpore la representación política en el parlamento y organismos colegiados “Nuestro Congreso debe ser por esencia representativo, por lo que integrar a representantes de distintas etnias en las principales decisiones y debates del país, es sin duda una demostración de que estamos avanzando con respeto a las ideas, orígenes y formas de vida. Tenemos que avanzar hacia el reconocimiento de la condición pluricultural y plurinacional del país”, aseguró el congresista de La Araucanía.
Estas reformas permitirían restablecer la confianza con los Pueblos Indígenas y avanzar en la garantía de otros derechos fundamentales como la restitución tierras y agua y reconocimiento de la diversidad cultural del país. “La sociedad requiere reconocer y proteger los conocimientos tradicionales y el patrimonio radicado en los pueblos indígenas”, apuntó Tuma Zedán.
La institucionalidad, recalcó el senador PPD, debe garantizar el derecho a acceder y disponer de los recursos naturales, a subsidios habitacionales rurales, desarrollar con autonomía sus formas de vida, participar de los beneficios por ejemplo de las áreas silvestres protegidas o de los proyectos de inversión en lo que con autonomías deseen acordar.
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